La firma digital basada en la Ley 53/2003 de Firma Electrónica Avanzada llegó a la vida de los españoles, hace ya más de una década, con el objetivo de convertirse en un instrumento que certificara la identidad del firmante en las relaciones digitales entre los ciudadanos y las administraciones públicas y que su uso se extendiera, además, al ámbito  empresarial (personas jurídicas) y al ámbito particular o privado con la misma validez legal que la firma manuscrita.

Una nueva Ley de Firma que surgió, con el propósito de resolver las múltiples lagunas  del cuestionado y criticado Real Decreto Ley 14/1999 de Firma Electrónica, que no logró satisfacer las expectativas de nadie,  y que  aprovechando la creación del nuevo  DNI electrónico se vislumbraba como el instrumento perfecto para que los ciudadanos realizaran trámites administrativos, transacciones electrónicas y pudieran operar en la Banca on-line.

En el espíritu de La Ley 53/2003  estaba, además,  propagar la  usabilidad de firma digital para empresas por parte de los administradores y representantes legales de las personas jurídicas (empresas) e impulsar el desarrollo del comercio electrónico.

Con la perspectiva que nos otorga el paso del tiempo, me gustaría hacer una reflexión  que nos permita hacer un  balance, tanto del avance de la Firma electrónica avanzada española, en estos más de diez años, como  de los resultados conseguidos comparados con los objetivos  que, en su día, inspiraron la promulgación de dicha ley.

A pesar de las regulaciones y buenos propósitos declarados en favor de una Administración Pública que regule los trámites administrativos con los ciudadanos digitalmente (Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ), de ser más respetuosos con el medio ambiente, de relegar el uso del papel a un segundo plano y de identificarnos y proteger nuestra identidad personal en la red (cumpliendo las exigencias de seguridad recogidas en el Esquema nacional de Seguridad aprobado por el Decreto 3 de Enero de 2010), la sensación que tenemos la mayoría de los profesionales que trabajamos en esto es que no hemos sido capaces de conseguir promover la firma electrónica avanzada en nuestro país de la forma que queríamos.