• Según los últimos datos del Banco de España, desde 2008 las entidades financieras han cerrado más de 22.000 sucursales por todo el país. La tendencia hacia la agrupación de entidades bancarias conlleva una reducción de sucursales y cajeros que puede tener un impacto directo en la accesibilidad a los servicios financieros entre la población rural y los colectivos más vulnerables
• Ante esta situación, las diputaciones de Granada y Badajoz han desarrollado un plan de actuación para dotar a sus municipios de servicios financieros. Además, el Senado ha aprobado recientemente una moción en la que pide la activación de un plan específico contra la exclusión financiera en la España rural

Las recientes operaciones de consolidación en el sector bancario, y la consiguiente optimización de sus redes de sucursales y cajeros automáticos, representan  un riesgo relevante de exclusión financiera para una gran parte de la población. Estos procesos pueden tener un especial impacto en la población rural española y en los colectivos con rentas más bajas no bancarizados o con un bajo nivel de bancarización que podrían encontrarse con crecientes dificultades para acceder al dinero en efectivo, entre otros servicios bancarios.

Según los datos del Banco de España, el número de oficinas comerciales de las entidades financieras se ha reducido en más de 22.142 desde 2008. Esto ha hecho que el índice de penetración bancaria (ratio de oficinas por cada mil habitantes) se haya reducido casi a la mitad, pasando de 0,95 en 2009 a 0,51 en diciembre de 2019. Esta reducción ha supuesto que, según los datos del Banco de España, 4.109 municipios españoles (51,8 % del total) no tengan acceso a ninguna oficina bancaria.

Las crecientes dificultades para poder acceder al efectivo contrastan con los resultados del Barómetro sobre Hábitos y Percepción de los Ciudadanos respecto al Pago en Efectivo publicado por Aproser junto a Canal Sondeo. Este estudio confirma que la ciudadanía continúa teniendo preferencia por el dinero en efectivo, ya que un 74% de la población emplea este metodo de pago para hacer frente a sus gastos del día a día, prevaleciendo su uso en importes de menos de 20 euros, en especial, en el pequeño comercio de proximidad en los barrios y en hostelería (bares y cafeterías).

Propuestas para erradicar la exclusión financiera

En los útimos meses han surgido diversas propuestas en distintas regiones de la geografía española. Las diputaciones de Granada y Badajoz han desarrollado un plan de actuación para dotar a todos sus municipios de servicios financieros tales como la retirada de efectivo o las consultas bancarias. Así, gracias a esta iniciativa, Badajoz ha instalado cajeros en 30 localidades, y Granada dispone de servicios bancarios en  37 zonas rurales.

Además, el Senado ha aprobado recientemente una moción promovida por el Grupo Socialista en la que pide la activación de un plan específico contra la exclusión financiera en la España rural, en la que se tuvieron en consideración varias de las enmiendas presentadas por Teruel Existe. El acuerdo al que ha llegado la Cámara Alta insta al Gobierno a que se implanten cajeros multientidad en el medio rural como medida más inmediata, de modo que se favorezca el acceso al dinero en efectivo, junto con la promoción de cursos de capacitación en colaboración con las entidades financieras que permitan a los habitantes del medio rural (especialmente los de mayor edad) familiarizarse con el sector y las nociones más básicas de digitalización.

Para ello, consideran necesaria la elaboración de un estudio específico que detalle la situación real de exclusión financiera en las zonas con menor concetración de población. En los próximos meses, este mismo debate dará el salto al Congreso, tras la presentación, también por parte del Grupo Socialista, de otra iniciativa similar. Tras los avances promovidos en el ámbito legislativo para dar respuesta a esta situación de riesgo, falta que el Ejecutivo lidere la puesta en marcha de las medidas acordadas.

Medidas más que necesarias

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada afirma que, al ritmo actual de cierre de oficinas y cajeros, y si no se toman las medidas necesarias para atajar esta circunstancia, el 5% de la población española no tendrá acceso al dinero en efectivo en 2025.

Esta problemática no se limita únicamente al ámbito español, pese a su reciente crecimiento tras los últimos movimientos del sector bancario. Autoridades como el Banco Mundial consideran que el auge internacional del comercio sin efectivo amenaza a numerosos consumidores y pequeñas empresas en países de mercados emergentes. Según esta organización, alrededor de 1.700 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una cuenta.

Cabe recordar, finalmente, que el pasado 29 de septiembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que todavía hoy “un número de personas nada desdeñable aún no tiene acceso a servicios financieros básicos. Para estos individuos vulnerables el efectivo constituye la única forma de dinero accesible y, en consecuencia, el único medio para ejercitar sus derechos fundamentales vinculados al uso del dinero”.