Los pasados meses, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha adoptado diversos posicionamientos sobre la necesidad de preservar el efectivo como medio de pago.

En particular, el 29 de junio mostró su disconformidad sobre la propuesta debatida en el seno de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que explícitamente aludía a la conveniencia de la progresiva supresión de este medio pago. Una iniciativa cuyos perjuicios hubieran sido evidentes para muy diversos colectivos, en especial los más desfavorecidos de la sociedad.

Afortunadamente, esa propuesta fue matizada por el Grupo Socialista proponente, y derivó en la adopción de un posicionamiento más entendible como punto de partida para un debate más fundamentado al aludir a una reducción de los límites de utilización del efectivo como objetivo a largo plazo, de forma gradual, consensuada, y coordinada en el marco de la Unión Europea.

Sin embargo, el pasado mes de octubre, frente a este planteamiento de un objetivo de reducción de los límites al efectivo a largo plazo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal, convertido en proyecto de Ley que se encuentra en la actualidad en tramitación en la Comisión de Hacienda en el Congreso

La redacción del proyecto de Ley, de acuerdo con la cual se proponía una reducción de los límites de pago de 2.500 a 1.000 euros para la inmensa mayoría de las operaciones ya suponía un importante nuevo ataque a la consideración del efectivo como medio de pago, al carecer de justificación alguna sobre la supuesta vinculación entre el efectivo y el fraude fiscal.

No obstante, en el curso de las enmiendas presentadas al mismo, se ha constatado cómo algunas formaciones políticas (en particular ERC, MP y PSOE) han endurecido significativamente el alcance de dicha medida al incluir en su ámbito de aplicación todas las operaciones realizadas por las personas físicas que quieran pagar con efectivo bienes o servicios por valor superior a 1.000€. Una medida completamente contraria al objetivo  al que aludía explícitamente la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de excluir de su ámbito de aplicación a los particulares “para minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas.”

Desde nuestro total respaldo al espíritu de la propuesta y con el objetivo contribuir en la erradicación de la economía sumergida, consideramos que esta propuesta no tiene sentido que se incluya dentro de un marco para la mejora del sistema tributario, máxime cuando, por una parte, no existe ningún estudio fundamentado al respecto, y, por otra, porque  la experiencia de los países de nuestro entorno no demuestra que exista una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida.

Pero es que, además, no es éste, precisamente, el mejor momento para estos planteamientos, muy especialmente porque hoy, más que nunca, tenemos por delante suficientes materias a las que construirles puentes de solución y no barreras generadoras de conflictos.

Es una propuesta que se encuadra, de hecho, en el contexto de una insistente y continua ofensiva de discriminación, exclusión y demonización del único sistema público de pago, y que se acomete en plena crisis económica y sanitaria.  Con un número de personas en situación de paro (3.900.000), jubilación (8.900.000), pobreza/exclusión social (12.000.000), en tránsito de ERTE a ERE (740.000) o autónomos con cese de actividad (430.000) no parece un buen momento.

En estos días las colas en los cajeros automáticos no solo se nutren de personas para el cobro de su pensión, sino que incluyen a ciudadanos que acuden para cobro de sus ERTEs, sin que sea muy presumible que las entidades financieras vayan a facilitar tarjetas de crédito o débito a buena parte de los colectivos anteriormente citados, ni que éstos sean capaces de soportar los pagos de comisiones y otros gastos asociados a las mismas o a otros servicios relacionados, como podrían ser la emisión de transferencias o de cheques.

No debe obviarse, igualmente, que incorporar otra nueva barrera al consumo, añadida a las restricciones por medidas sanitarias, cuyas magnitudes en términos de empleo reflejaban ya hasta noviembre disminuciones en el nivel de empleo (ERTEs, EREs …)  de más de 100.000 personas y con una caída del consumo privado próxima al 14% -con una tendencia claramente negativa- podría generar un efecto devastador difícilmente recuperable y ya no solo en el corto plazo.

En este escenario, las Organizaciones firmantes  recuerdan que cualquier propuesta o medida que pueda conducir a la discriminación negativa del efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos, en este caso el medio de pago más utilizado, y que además comporte adversos efectos en el consumo y en la cantidad y calidad del empleo directa o indirectamente relacionado, tiene consecuencias muy desafortunadas, queriendo señalar que, entre otros impactos negativos:

• Incide de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet.

• Afecta en gran medida a los casi 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico.

• Impacta frontalmente en la competitividad de los pequeños comercios que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes, además, en la actual situación de crisis económica y sanitaria, sin alternativas, ni recursos, ni el tiempo necesario.

• Condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Discriminar negativamente el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.

• Y, en definitiva, significa allanar el camino para una futura eliminación total del único medio de pago público, un trato de favor hacia las grandes multinacionales de medios de pago digital y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.

Por lo anteriormente apuntado, SE SOLICITA QUE:

En la línea de lo acordado en sede parlamentaria el pasado mes de julio, la adopción de límites más estrictos a la utilización del efectivo sea llevada a cabo, en su caso, de forma coordinada con la Unión Europea y gradualmente en el tiempo.

Y, de cualquier manera, que de mantenerse los términos del proyecto de ley, lo haga en la versión adoptada por el Congreso de los Diputados al respecto de la exclusión de su ámbito de aplicación de las operaciones realizadas por los particulares en su condición de pagador de las operaciones comerciales.