La presentación ha consistido en dos reuniones a las que han asistido el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo; el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Alberto Rodríguez; el Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Agenda Digital para España; y altos representantes de la Administración española. Los encargados de presentar los resultados del informe han sido el director para la Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, Rolf Alter; y la subdirectora de Ciencia, Tecnología e Industria de esta organización, Yuko Harayama.

En el informe se analizan dos áreas clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información en España: las infraestructuras de telecomunicaciones y la Administración electrónica. Según reconoce el estudio, España ya ha tomado varias medidas encaminadas a mejorar sus infraestructuras de comunicaciones.

Por ejemplo, destaca la adopción de un enfoque ambicioso en aras de garantizar la disponibilidad de la banda ancha, por medio de la inclusión del servicio de banda ancha de 1 Mbps en las obligaciones de servicio universal. Por otro lado, el informe valora positivamente varias de las iniciativas en materia de espectro radioeléctrico y de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICTs) para edificios. No en vano, España ha licitado un total de 310 MHz de espectro radioeléctrico para comunicaciones electrónicas, de lo que obtuvo ingresos públicos del orden de 2.000 millones de euros. En la aplicación de las TIC a la Administración Pública, España ha puesto en funcionamiento un elevado número de servicios públicos en línea, pero, según la OCDE, necesita materializar medidas efectivas para promover un mayor uso de los mismos y así rentabilizar las inversiones efectuadas. El estudio concluye con unas propuestas de recomendaciones y líneas de acción para el futuro con el fin de cumplir con los objetivos de la Agenda Digital para Europa, en particular la conectividad de banda ancha y el logro de una Administración Pública eficaz y efectiva en todos los niveles de gobierno, alcanzando una “Administración sin papeles” antes de 2015.