¿A cuánto asciende el procedimiento de segunda oportunidad? Empresas Es noticia junio 15, 2022junio 20, 2022 Aunque cada caso es un mundo y no es posible determinar a priori el precio a pagar por los procedimientos de segunda oportunidad, en el mercado se ofrecen horquillas que oscilan entre 2000 y 6000 euros. El coste total del Mecanismo de Segunda Oportunidad va a depender, fundamentalmente, de la retribución que corresponda a los profesionales que intervendrán en el procedimiento. Pero ocasionalmente puede incluir otros gastos adicionales: tasaciones, certificados, publicaciones, otros trámites judiciales o de naturaleza diversa… ¿Cómo se repartiría este coste en las actuaciones profesionales? Notarios y registradores mercantiles En este caso, sus costes siguen criterios legales, según sus normativas de aranceles. Inicialmente el coste del notario y los trámites mercantiles, si son precisos, puede oscilar entre 100 y 600 EUR. (No se cuentan aquí las posibles tareas del notario si asume el papel de mediador concursal). Luego pueden devengarse gastos por algún otro concepto: folios, copias, escrituras, actas, comunicaciones, horas, timbres repercutidos… Se aplica una exención a los deudores particulares (no a los autónomos) por los gastos debidos a trámites notariales o registrales de nombramiento del mediador concursal. Administrador concursal La remuneración de la administración concursal se fija siguiendo también su normativa de aranceles. Hay una base de retribución por la fase común que sale de
Las sentencias que están copando los titulares Economía Empresas julio 28, 2021 El mundo de los juzgados lleva tiempo copando los principales titulares de los medios de comunicación. A los juicios mediáticos se unen las sentencias que están sentando jurisprudencia y abriendo camino para que muchos afectados puedan ponerse en manos de abogados y reclamar lo que, dictado por la justicia, les pertenece. Pero, ¿a qué tipo de sentencias nos referimos? En primer lugar, se lleva más de un año leyendo en los principales medios de comunicación sobre sentencias que condenan a las entidades bancarias a cancelar las deudas derivadas de las tarjetas denominadas revolving. Este tipo de producto bancario tiene dos vías de reclamación: por los intereses abusivos y por la falta de claridad de las condiciones. Desde que los tribunales comenzaran a dar la razón a los afectados, han sido muchos los que se han sumado a las nuevas compañías legaltech para buscar una representación especializada que les defienda y que consiga, no solo que se cancele la deuda sino que se les devuelva el importe de los intereses pagados de más acorde con la nueva lectura legal. Un segundo caso que los expertos creen que se empezará a leer aún más es el tema de las sentencias por la ley de la segunda
CCB Abogados consigue la exoneración de 30.770,47€ por la ley de segunda oportunidad Derecho enero 22, 2021enero 27, 2021 El juzgado de primera instancia nº50 de Barcelona ha fallado a favor de un cliente de CCB Abogados que presentó un concurso de acreedores como deudor físico, por cumplir “los requisitos previstos en el régimen general por lo que procede la concesión del BEPI de manera definitiva, extendiéndose el mismo a la totalidad de los créditos insatisfechos -aún los no comunicados que no sean contra la masa o privilegiados-“, como dicta la sentencia. Los acreedores, que eran entidades bancarias, sumaban una deuda total de 30.770,47€. Gracias al trabajo de representación del bufete de abogados catalán, “hemos conseguido finalmente la exoneración del pasivo insatisfecho en la modalidad del régimen general de exoneración, de manera definitiva, extendiéndose el mismo a la totalidad de los créditos insatisfechos, lo que para nuestra cliente es una nueva oportunidad de comenzar de nuevo”. Según consta en el documento del juzgado, se daban todas las circunstancias para poder acogerse a la petición BEPI (Beneficio exoneración pasivo insatisfecho) ya que era un concurso no declarado culpable, donde los acreedores no se habían personado para lo contrario, y donde también se intentó alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. La ley de segunda oportunidad, aprobada en 2015, busca que particulares, autónomos y familias en