España cuenta con alrededor de 600.000 sociedades inactivas, lo que supone casi un 50% de las sociedades que existen en nuestro país. Una estadística escalofriante agravada por los efectos económicos de la pandemia y con serias consecuencias para aquellos que se han visto obligados a cesar su actividad sin efectuar los trámites para su baja legal. “Mantener una sociedad inactiva puede ser útil, si se desea dejar el negocio en stand by y volver a retomarlo. Sin embargo, aunque estas empresas no realicen ningún tipo de venta y no cuenten con facturación alguna, sí tienen que cumplir con las obligaciones tributarias (IVA, impuesto de sociedades…) y las de carácter administrativo como la obligación de llevar su contabilidad y presentar su legalización telemática y las cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil”, explica Joaquín Casanovas, fundador de Cierratuempresa.com. Casanovas añade que “a pesar de estar inactiva, si una sociedad no cumple con sus liquidaciones de impuestos o con los trámites administrativos, como depositar las cuentas anuales, se enfrenta a duras sanciones desde 1.200 hasta 60.000 euros y es que Hacienda suele estar vigilante con este tipo de irregularidades”. En este sentido, desde Cierratuempresa.com señalan que muchos emprendedores no evalúan estos riesgos cuando deciden mantener