Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria las entidades financieras han incrementado de forma exponencial la titulización de carteras de préstamos que han sido transferidas a fondos de inversión oportunistas, conocidos popularmente como fondos buitre. De hecho España es el tercer país de la UE por saldo vivo en titulizaciones, con un volumen de 161.700 millones de euros Sin embargo, en la mayoría de ocasiones el cliente del banco desconoce que su préstamo ha pasado a un Fondo de Titulización de Activos, y por tanto la entidad financiera ya no es el acreedor, sino un tercero. La ausencia de información deja en una situación de indefensión al consumidor, que desconoce que el acreedor ya no es el banco y en caso de reclamación puede no estar legitimado. En los últimos meses han surgido con propuestas políticas para modificar la legislación sobre las titulizaciones hipotecarias. Hace unas semanas se presentó una propuesta de ley en el Parlamento de Andalucía, y a comienzos de marzo en el de Valencia. ASEFIB, colectivo que actualmente defiende a miles de afectados por titulizaciones y ventas de carteras a fondos buitre, nació hace cuatro años en defensa de los afectados por titulizaciones, con el objetivo de denunciar las prácticas abusivas