El Gobierno ha dado un primer paso en la resolución de los desequilibrios del sistema energético español con la aprobación de un paquete de medidas urgentes encaminadas a solventar el desajuste que existen entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista y repartir este desajuste entre consumidores, administraciones públicas y empresas.

Así, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reducirá los costes del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones y, paralelamente, aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema en unos 1.400 millones. Para los consumidores domésticos supondrá un alza media del 7%. Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros. Este desajuste se produjo porque se adoptaron incrementos de tarifas insuficientes para cubrir todos los costes del sistema al tiempo que se encarecieron dichos costes. El Gobierno ha decidido no cargar este desajuste exclusivamente en el consumidor, ya que supondría aplicar un aumento en la tarifa de más de un 30%.

Las medidas de ajuste aprobadas hoy buscan repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado y se sitúan en línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas para recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista de manera que se racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.

Subida de tarifas

La tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7%. Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, PYMES, y sectores industrial medio y gran industrial supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.

Recorte de costes

La reducción de costes se reparte entre los diferentes agentes del sistema, afectando a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad. El monto total aproximado por la aplicación de estas medidas asciende a 1.700 millones de euros.

Distribución

Se reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por Gobierno, lo que permitirá una reducción de costes de unos 700 millones de euros. Se retribuye, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente. Pagos por capacidad Son un pago regulado para retribuir a las instalaciones de generación sus servicios de capacidad de potencia a medio y largo plazo.  Se incluyen dos tipos de servicio: el incentivo a inversión en capacidad a largo plazo y la disponibilidad de generación a medio plazo.  En el actual contexto de reducción de costes del sistema, el Gobierno considera posible una reducción en esta retribución de unos 80 millones de euros.

Financiación del Operador del Sistema Eléctrico

La financiación del Operador del Sistema Eléctrico, que va con cargo a tarifa y asciende a unos 20 millones de euros, se realizará con cargo a los agentes a los que presta sus servicios, de forma similar a como se financia el Operador del Mercado OMIE. La metodología será fijada por el Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste.

CNE e IDAE

Para la reducción de costes del sistema, se emplearán unos 60 millones de euros remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y unos 600 millones remanentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), según estimaciones.

Interrumpibilidad

El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpilibidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución en unos 60 millones de euros.

Restricciones por garantía de suministro

El RD de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión de carbón nacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán las subvenciones para esta partida en alrededor de 50 millones de euros.

Transporte

La actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes, se modifica el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones realizadas. Así, se retrasará la retribución de las inversiones de 2011, que ascienden a unos 200 millones de euros, hasta el año 2013.

Sector del gas

El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de medidas que equilibren el sector del gas y eviten que se cree un problema de desequilibrios como los registrados en el sector eléctrico. Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los últimos ejercicios, el incremento de la tarifa de gas ha resultado insuficiente para satisfacer los costes.

Al igual que en este sector, el Gobierno ha optado por repartir el desajuste existente aumentando los ingresos y reduciendo los costes. Así, la Tarifa de Último Recurso el gas subirá una media del 5% en lugar del 13,3% que debería haber subido de no aplicar recorte de costes. Entre las medidas de reducción de costes cabe destacar la suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península, la suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos.