Según informa la correduría de seguros Artai, el objetivo de la nueva Ley, que obliga a determinados operadores a contar con una garantía financiera, es regular la responsabilidad de estas empresas a la hora de prevenir, evitar, reparar y hacer frente a los daños medioambientales que estas puedan llegar a ocasionar. Según explica Artai, está previsto que el primer plazo de cumplimiento exigido a actividades con nivel de prioridad 1 se inicie a partir de octubre de 2018 y justo un año después, lo hagan las empresas que tengan un nivel de prioridad 2.

Respecto a qué empresas están obligadas a constituir dicha garantía financiera para cumplir con la ley de Responsabilidad Medioambiental prevista, están entre otros las organizaciones que cuenten con Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier equipamiento o instalación de combustión, de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa y las que trabajen en la eliminación de más de 10 toneladas diarias de residuos peligrosos.

Las sanciones por infringir las obligaciones exigidas por la nueva Ley, según apunta Artai, pueden llegar a 2 millones de euros e incluso, las empresas podrían perder la autorización para operar. Para evitar que esto ocurra y que las entidades puedan estar protegidas en todo momento es necesario que cuenten con un seguro de Responsabilidad Medioambiental que cubra, desde los costes de reparación primaria, complementaria y compensatoria hasta otras garantías adicionales como la pérdida de beneficios, responsabilidad civil por contaminación, defensa y fianzas.

La ventaja de materializar la garantía financiera obligatoria a través del seguro de responsabilidad medioambiental es que libera y no compromete la capacidad financiera de la empresa y, además, le aporta la cobertura de gastos de defensa y fianzas que de otra manera no tendría.