José María Camarero ha entrevistado a Antonio Delgado Rigal en el programa Alto Voltaje de Negocios TV. El entrevistador empezó preguntando si el sector energético en general esperaba los recortes aprobados por el Gobierno con el Real Decreto‑ley 17/2021, si creía que iban a ser de este calibre o se iba a quedar un poquito más corto, qué es lo que se esperaba en general, porque los anuncios ya iban en torno a esa posible merma de ingresos de las compañías energéticas.

Según Antonio, este Real Decreto ha tomado por sorpresa al sector. Ha sido bastante agresivo en cuanto a las medidas que ha tomado. Se sabe que el Gobierno está nervioso por toda la alarma social que ha producido el alto precio que está teniendo la electricidad en las últimas semanas, los últimos meses pero eso no es justificación para tomar medidas que conllevan, por ejemplo, inseguridad jurídica, inseguridad regulatoria.

Hay que pensar que se necesitan miles de millones de euros para hacer todo lo que es la transición energética en estos 30 años que hay planificados y se necesitan estas inversiones para tener un sistema sin ningún tipo de emisión de gases contaminantes, totalmente descarbonizado. Es estratégico para España y el Gobierno tiene que pensar a largo plazo, con medidas a largo plazo para estimular a las empresas renovables, estimular a los fondos de inversión y, realmente, lo que se está haciendo es todo lo contrario. Se están haciendo medidas que ahuyentan a un posible inversor porque este dirá que está invirtiendo en un país a largo plazo y ahora le dicen que tiene un exceso de retribución, y que cuando invirtió nadie le dijo lo que era el exceso de retribución. Esperaba la retribución en función de unas reglas de mercado, que es el mercado europeo, y en ningún lugar se dijo que la retribución tenía que tener un límite. Entonces, eso conllevaría, de cara a los tribunales, a un gran problema jurídico.

Sobre si existe esa sensación en el sector de que se ha generado inseguridad jurídica, un concepto del que se está hablando mucho estos días, Delgado Rigal dijo que absolutamente. No se puede gobernar con un Real Decreto, de esta forma, de un día para otro, sin haber hablado previamente con los principales agentes del sector y también con la oposición. Hay que tomar medidas estratégicas. Lo que está ocurriendo ahora en Europa no es un problema del Gobierno, no es producto de una mala gestión. Es un problema europeo. El gas ha subido mucho a nivel mundial. Ni siquiera está al alcance de Europa el tema de la subida del gas en los mercados internacionales. El CO2 también ha subido y en distintas publicaciones de AleaSoft Energy Forecasting se ha dicho que es importante atajar el tema del CO2. El CO2 es una cosa que se hizo en Europa y tiene un precio bastante alto en las últimas semanas y meses. Este precio se puede disminuir si hay voluntad política de hacerlo. Eso está en manos de Europa. Y si hubiera una moratoria, por ejemplo de un año, en cuanto a las emisiones de CO2, esto traería una reducción de lo que es el precio del mercado de entre un 20%, un 30%, un 35%. Esto está en manos de los políticos europeos porque esto es un problema europeo, no solo es un problema español.

José María dijo que entiende que efectivamente es una crisis europea, una crisis energética europea y que esa, por ejemplo, minoración de los objetivos de transición energética, ese dar un impasse a como se encuentra el mercado del CO2 es una de las medidas que se podrían tomar en el ámbito europeo. Pero quiso saber, según la opinión de Antonio, qué es lo que debería haber hecho el gobierno, en el ámbito español, para solucionar esta situación, más allá de minorar los ingresos que considera excesivos de determinadas fuentes de generación de energía.

Antonio explicó que el Gobierno en este Real Decreto ha hecho un tipo de reducción fiscal que es lo que está en sus manos hacer, en cuanto al impuesto, al IEE, el Impuesto Especial sobre la Electricidad. También se prorrogó la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) unos meses más. Esto de cara al consumidor doméstico es una pequeña ayuda. Cree que se pudo haber hecho más todavía. Por ejemplo, el IVA se puede reducir de un 10% a un 5% de forma general para los consumidores domésticos y, en el caso de aquellos consumidores vulnerables, se podría haber reducido hasta de un 10% a un 1%. Estas son medidas que sí están en manos del Gobierno para reducir la factura.

Hay que tener en cuenta también una cosa importante. Los precios han llegado en algún momento a 200 €/MWh. Hay que tomar en cuenta que el máximo valor es de 3000 €/MWh. O sea, que España depende totalmente de la energía que viene del exterior, del gas o de la electricidad. Si hubiera un problema en el suministro del gas de Argelia, el precio del mercado eléctrico podría subir muchísimo más. Si hubiera un problema en las centrales nucleares francesas, el precio podría subir todavía muchísimo más. El Gobierno tiene que hacer planes de contingencia a largo plazo porque estas cosas pueden ocurrir. España puede verse en un futuro, ojalá que no, pero con precios de 1000 €/MWh, de 2000 €/MWh, porque se dan situaciones extraordinarias. Hay que tomar medidas de qué puede, qué va a hacer el Gobierno si esto ocurre. En este caso todo lo que ha ocurrido ha cogido, en general, desprevenidos a todos. Nadie pensaba que esto pudiera ocurrir de forma tan repentina, esta subida que ha tenido el precio. Pero el Gobierno tiene que reaccionar con frialdad y pensar que todavía puede ser mucho peor. No se pueden tomar medidas que afecten la transición energética a 30 años porque, si los inversores pierden la confianza en España, se ha perdido todo.

Para finalizar la entrevista, José María resumió que, por tanto, se espera un invierno de sobresaltos. Hay muchos factores que pueden influir efectivamente, como dijo Antonio, en el precio de la electricidad y que no solo dependen de España, de Francia, de Argelia, del mercado internacional. Habrá que ver cómo se supera esta crisis europea y de ámbito energético.

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