El debate público sobre la municipalización de servicios públicos básicos sigue creciendo y en los últimos meses se está centrando en la gestión del agua potable domiciliaria, un servicio básico e imprescindible para el desarrollo de la vida humana y la actividad económica. En los últimos años el precio del servicio que pagan los consumidores finales se ha ido incrementando de forma muy significativa y ello, acompañado de noticias sobre abusos e irregularidades cometidos por algunas empresas encargadas de la gestión del agua, ha puesto sobre la mesa el debate de si un servicio público básico como el agua debería ser prestado por el propio ayuntamiento y no por una empresa privada.

Lo cierto es que, independientemente de la forma de gestión del servicio y aunque éste sea prestado por una empresa, la titularidad corresponde al Ayuntamiento, que es quien tiene la facultad y la responsabilidad de dirigirlo, supervisarlo y controlar su ejecución. Y en los últimos años muchos ayuntamientos no han ejercido correctamente esta potestad, a menudo por desconocimiento técnico o por no contar con mecanismos de control y seguimiento adecuados. En esta situación el primer paso que están dando los consistorios es acudir a una auditoría externa por parte de expertos, profesionales o empresas especializadas, como Consultoría de Gestión Innovadora (CGI), que permitan verificar que el contrato se está ejecutando en estricto cumplimiento de las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y funcionales acordadas, conocer el coste real del servicio y asegurar el buen estado de las infraestructuras.

Este movimiento en el ámbito local es cada vez más numeroso. En noviembre el Ayuntamiento de Madrid acogió el primer encuentro de ciudades por el agua pública, con la presencia de las alcaldías de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Córdoba, Valladolid, A Coruña, Santiago de Compostela y Terrassa, todas ellas en proceso de revisión de este servicio para mejorar su prestación. Pero hay otros muchos ayuntamientos importantes por todo la geografía española que han promovido auditorías de los servicios de aguas, entre ellos Murcia, Oviedo, El Ferrol, Motril y la Mancomunidad de Municipios de la costa de Granada, Blanes y los 27 municipios del Consorcio de la Costa Brava, o también Girona. En este último municipio la auditoría elaborada en 2014, y corroborada posteriormente por una nueva auditoría en 2016, ha llevado a la empresa mixta Aguas de Girona SA a los juzgados por presuntas prácticas dudosas en la gestión contable y en la contratación de obras de mantenimiento de infraestructuras.