Pasadas las primeras semanas del fin del estado de alarma y del confinamiento en España, la crisis del coronavirus no parece dar tregua y deja pistas de que está lejos de acabarse. De la misma manera aún deja huella de lo que, para muchas empresas y trabajadores por cuenta propia, es uno de los peores momentos del panorama laboral, algo que pueden atestiguar las asesorías de derecho laboral, de las que se ha hablado poco y siguen trabajando a destajo y sin pausa ante un contexto administrativo desbordado por la pandemia. La cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se encuentran tramitando aún hoy en día, centran su trabajo al que hay que añadirle la gran cantidad de decretos e información oficial que el Estado continúa emitiendo en cortos intervalos de tiempo.

Y es que la situación actual ha provocado que estos profesionales hayan sido otro de los sectores más perjudicados por la COVID19. ¿Por qué? Por el hecho de que su carga laboral se ha visto incrementada por un gran paquete de gestiones que, correspondiendo teóricamente a las administraciones públicas, han tenido que gestionar desde sus oficinas. Un ejemplo es el hecho de que, para inscribirse en el SEPE, un trabajador de cualquier empresa ha de hacerlo mediante sus asesorías, multiplicando así el trabajo de éstas. Y esto es sólo uno de los motivos de este aumento de trabajo.

A raíz de esta situación, de la que parece que la administración estatal se desentiende, se ha formado un colectivo de afectados del sector de las asesorías denominado ‘S.O.S Basta ya’, con página en Change.org y que ya ha reunido más de 1.700 firmas de personas que apoyan la causa. Su objetivo es representar a los Graduados Sociales, Abogados laboralistas, Gestores, RRHH, que se sienten al límite y desbordados por la situación actual ante la falta de previsión por parte de las administraciones.

El equipo de Valor Humà, consultoría especializada en derecho laboral y recursos humanos de Vilanova i la Geltrú, forma parte de este movimiento, tras estar sometidos a un crecimiento inabarcable de trabajo: “La carga de trabajo des del pasado 14.03.20, ha aumentado un 200% de golpe y ha generado que muchos despachos hayan tenido bajas médicas por ansiedad y depresión. Los profesionales estamos muy quemados”, explica la responsable de Valor Humà, Carolina Olivera.

“El gobierno ha hecho unas leyes para poder aguantar la crisis de la pandemia y las intenciones de la ley son buenas, pero la gestión de la aplicación normativa es nefasta”, resalta Olivera de las acciones emprendidas por la administración central, cuyos constantes cambios de criterio con aplicación inmediata no han hecho sino agravar la confusión de los laboralistas, perjudicando su trabajo para con sus clientes.

Con esta situación, que califican de caótica, temen que pueda repercutir en futuras reclamaciones administrativas, ya que ante tanto marco legal y jurídico que se ha tenido que actualizar de manera constante, es probable que haya errores cuya culpa recaiga en los hombros de quienes, teóricamente, no tendrían que haber cargado con ella.

“Es muy difícil seguir con este ritmo de trabajo, porque es mucha carga y desmotivadora”, aseguran desde Valor Humà de la misma manera que ya se han expresado miles de profesionales del sector de la asesoría.

Las entidades se muestras dispuestas a contribuir mientras puedan con sus clientes, pero, además de las dificultades económicas y logísticas, se muestran reticentes a que ésta sea una situación que se pueda prolongar en el tiempo. La colaboración entre administración y profesionales se muestra clave en estos momentos.