Las nuevas normativas y la crisis sanitaria actual empujan a los diferentes establecimientos a adaptarse para cumplir el reglamento en los plazos que la ley exige y garantizar, así, la seguridad en el ejercicio de su actividad. Al igual que ocurre en empresas, colegios o centros médicos, las comunidades de propietarios deben enfrentarse a la normativa cambiante y adaptar todas sus instalaciones según lo establece la ley por seguridad.

De esta manera, las comunidades de propietarios se enfrentan hoy en día a dos grandes retos: la seguridad frente al COVID-19 y la sostenibilidad, otro gran eje que reduce consumos y facturas eléctricas y asegura el cuidado del medioambiente. Desde IESA señalan que el reto es hacer frente a los cambios necesarios y que la inversión económica no sea un freno a la modernidad y seguridad de las comunidades de vecinos, por eso facilita el acceso a financiación de manera muy cómoda y rápida, gracias al acuerdo alcanzado con Bankinter Consumer Finance.

La eficiencia energética, hacia una comunidad más sostenible
La sostenibilidad y la reducción del consumo energético son preocupaciones de peso para la población, con una doble finalidad: la de cuidar del medioambiente y reducir costes. Las autoridades han establecido diferentes medidas para aplicar en las comunidades de propietarios en este sentido, algunas de ellas de inminente entrada en vigor. Por ejemplo, la instalación de contadores individuales en los edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central, una reforma que obligará a instalar en cada vivienda un contador para computar el consumo particular y contribuir así al ahorro de energía.

De igual forma, y aunque por el momento no hay obligatoriedad de llevarlas a cabo, el montaje de placas fotovoltaicas para abastecer de energía solar a la comunidad y la instalación de cargadores para los coches eléctricos también suponen y supondrán una parte de los presupuestos vecinales. La instalación o sustitución de calderas nuevas, las reformas eléctricas o la eficiencia energética, también están presentes en los cambios a los que deben hacer frente los edificios.

Seguridad frente a la COVID-19, cambios necesarios
Las comunidades de propietarios son espacios que hay que adaptar a la normativa e intentar que sean lo más seguros posibles. Aunque a priori puedan parecer unas inversiones mínimas, las comunidades no contaban con un gasto de este tipo, por lo que se convierte en un gasto extraordinario al que hay que hacer frente y, en algunas ocasiones, será necesario aprobar una derrama. Así, para adaptar la comunidad como espacio seguro frente al COVID-19 es imprescindible la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico y purificadores de aire, cintas delimitadoras de espacio para asegurar la distancia mínima, sensores IOT que aporten información, carteles informativos por toda la urbanización o el aumento de la limpieza y mantenimiento.

Las derramas más comunes de una comunidad
Además de estos gastos a los que tienen que hacer frente de forma excepcional los propietarios durante este año y los próximos, las comunidades siempre cuentan con gastos extraordinarios que deben afrontar. Estos pueden ser la instalación o sustitución de ascensores, la renovación de fachadas, el cambio de la iluminación, obras de accesibilidad o reformas relacionadas con saneamiento.

En muchas ocasiones, para llevar a cabo estas reformas y adaptaciones imprescindibles es necesario que la comunidad de propietarios apruebe un presupuesto que derive en una nueva derrama para los vecinos, generando malestar y esfuerzo económico entre ellos. En ese sentido, IESA facilita a los administradores de fincas que sus comunidades puedan realizar esas mejoras accediendo a financiación de manera muy cómoda y rápida, con el acuerdo alcanzado con Bankinter Consumer Finance. De hecho, estos profesionales pueden solicitar un préstamo para la comunidad con trámites 100% online para facilitar y agilizar los procedimientos.

“Implementar las medidas necesarias para cumplir la normativa en lo referente a estos factores se convierte en una prioridad para los propietarios. Además de ser, en muchas ocasiones, cuestiones obligatorias por ley, su implementación favorecerá una mejor convivencia en la comunidad”, asegura Enrique Sánchez, director general de IESA. Que añade, “el objetivo del acuerdo entre IESA y Bankinter es ayudar a los Administradores de Fincas a que las comunidades de propietarios que gestionan consigan la financiación que necesitan para adaptarse a la normativa de una manera más ágil y sencilla y así reducir el impacto de las derramas en los propietarios”.