La Fundación Alivia demanda medidas al Gobierno para evitar la discriminación de los pacientes con cáncer al volver a su puesto laboral o al querer optar a un trabajo nuevo. Con motivo de la próxima celebración del Día Mundial del Trabajo, esta organización destaca que “un cáncer diagnosticado no tiene por qué significar el final de una carrera profesional, especialmente cuando los síntomas no son molestos. El paciente tiene derecho a que su puesto de trabajo se adapte a sus necesidades específicas”.

Según el Observatorio del Cáncer, alrededor del 37% de la población diagnosticada de cáncer en España se encuentra en edad laboral, siendo susceptibles de sufrir algún tipo de impacto laboral a causa de la enfermedad. Y estas personas tienen un 34% más de probabilidades de perder su puesto de trabajo, conforme a datos de la Asociación Española contra el Cáncer,

Y ello pese a que la mayoría quieren reintegrarse al mercado laboral tras el diagnóstico o después de ser intervenidos. Así lo aseguran estudios como el publicado en la revista Women & Health: de 149 mujeres intervenidas para extirpar su tumor de mama, el 73,9% decidieron volver al trabajo transcurridos seis meses desde la intervención.

En cuanto a la adaptación del puesto de trabajo a las condiciones del superviviente de cáncer, los resultados de un estudio reciente realizado en Cataluña y publicado en BMC Public Health confirmaron “la necesidad de adaptar los lugares de trabajo a las necesidades específicas de los sobrevivientes de cáncer para minimizar la salida prematura del mercado laboral, como el retiro anticipado y la discapacidad permanente”.

“El cáncer y el trabajo pueden reconciliarse. Si no hay contraindicaciones, el paciente oncológico puede desempeñar con éxito sus funciones. Esto suele ser parte de la terapia, ya que ayuda a mantener una actitud positiva y una rutina diaria constante” explica Asensio Rodríguez, director de la Fundación Alivia en España.

El olvido oncológico es un avance pero no suficiente
El derecho al olvido oncológico, cuya legislación entró en vigor en España en 2023, trata de evitar que las personas con cáncer tengan que justificar su historial médico y sean discriminadas. Sin embargo, para la Fundación Alivia, son todavía necesarias medidas efectivas para garantizar la aplicación y cumplimiento de la ley en todos los ámbitos y asegurar que las empresas están implementando la nueva normativa.