El lunes 13 de marzo entrará en vigor una nueva ley que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias y, sobre todo, a gestionar todas las comunicaciones que reciban por esa vía, lo que en muchos casos supondrá un incremento de costes y responsabilidades. Así lo recoge la Ley 2/2023, que afectará a las más de 25.000 compañías de este tipo en España y que contaran con de tres a seis meses dependiendo de su tamaño para cumplirla. La Junta Directiva del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (INBLAC) se ha reunido recientemente en Barcelona para celebrar el décimo aniversario de su fundación y analizar el impacto que esta normativa va a tener en las empresas y administraciones públicas sujetas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo “Si bien los sujetos obligados a la Prevención del Blanqueo ya teníamos la obligación de disponer de un  canal de denuncias, esta ley es toda una innovación porque regula detalladamente el modo de gestionarlos y, sobre todo, porque establece un completo  sistema de protección para las personas que denuncian”, explica Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales