La llegada de propuestas empresariales que forman parte de las llamadas innovaciones disruptivas inquieta a muchos sectores tradicionales, en especial del mundo del transporte y la logística, a la vez que pone en entredicho algunos criterios de regulación pública. Su aportación tecnológica aviva la competencia y mejora los servicios de cara al cliente. Recientes son las pugnas en relación a empresas como Uber o Cabify -apoyadas en empresas de transporte VTC-, y sus contrarréplicas del mundo del taxi como Mytaxi, o Micocar, en el ámbito del transporte urbano en vehículos de turismo. En concreto, analizar el caso de Uber es útil para acercarse a la complejidad de estos productos y sus efectos regulatorios, así como a sus enseñanzas para cualquier sector de la movilidad. La llegada a España de esta empresa californiana fue rodeada de polémica por parte de las asociaciones del taxi, quienes pidieron que se prohibiera su actividad por conducta desleal. La reacción iba especialmente dirigida hacia un producto llamado UberPop, basado en la economía colaborativa y en el que los conductores que realizaban el transporte eran particulares con su propio automóvil. El carácter antiprofesional del servicio hizo que fuese fácilmente atacado, y esa imposibilidad legal de desarrollar el