Fundación Zaballos crea la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí

El objetivo es ofrecer asesoramiento e información a los afectados y defender sus derechos ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley, cuya aplicación está propiciando reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales

La Fundación Zaballos ha anunciado la creación de la primera Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí. La asociación nace para asesorar y defender los derechos de las personas perjudicadas ante la incertidumbre generada por la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como “Ley del Solo Sí es Sí”, y las reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que está propiciando su aplicación.

“El objetivo de la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del sólo sí es sí es el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley pueden verse desprotegidas” señala Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales. “La asociación ofrece asesoramiento e información a los afectados, y también defensa integral de los derechos de todos y cada uno de ellos, en todas aquellas cuestiones que puedan plantearse para obtener una información jurídica objetiva y clara, así como la defensa de sus derechos como perjudicados de la propia norma y de la ejecución de dicha ley.”

Desde su entrada en vigor el 7 de octubre ya son más de 50 las rebajas de condena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la norma. Además, al menos 15 condenados han salido de prisión. Hasta 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de revisar esas penas y solo, hoy por hoy, las de Navarra y La Rioja se mantienen en contra. “Estamos viendo como jueces y magistrados están aplicando la norma, aunque no la compartan, en perjuicio de una mayor saturación de los juzgados penales cuyas demoras son ya patentes y muy llamativas, beneficiando sólo a los reos, al conseguir que delincuentes puedan salir a la calle, en perjuicio de la seguridad y tranquilidad de la sociedad y de las víctimas de esta violencia en particular”, afirma Zaballos. “La ley orgánica no ha sabido blindarse para evitar lo que está sucediendo a día de hoy, con rebajas importantes de penas por hechos muy graves, que afectan a muchas mujeres y crean una grave alarma social, con el innato sentimiento de desprotección para las víctimas de la violencia sexual”.

Cuando fue redactada la ley del Solo Sí es Sí, varios organismos judiciales alertaron de lagunas en dicha ley. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en un informe, en el artículo 245 que “la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas según la regulación vigente”. Desde el Consejo Fiscal alegaron que la norma “va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo”. Asimismo, el Consejo de Estado señaló que “la redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso”.

La ley del sí es sí contiene una refundición de conductas con la unificación del antiguo delito de “abuso sexual” y el de “agresión sexual”, se eliminaron los abusos sexuales y se denominó a todos los delitos como “agresión sexual”. Al optar por una única tipificación para comportamientos muy distintos se estipuló una horquilla de penas más amplia y con unos mínimos más bajos en algunos supuestos. La nueva ley no incluyó, como hacen todas las leyes, la disposición transitoria segunda (las reglas que establecen la transición entre un Código y otro) y que hubiera impedido en muchos casos, una reducción de la pena, siempre que la nueva estuviera dentro de la horquilla existente, cuando el reo fue juzgado.

La clave está en dos principios jurídicos del derecho penal: el de la irretroactividad penal,  que solo las nuevas leyes que beneficien al reo se deben aplicar; y el “In dubio, pro reo”, que, ante la duda, se aplica la ley a favor del acusado (art. 2.2 del C.P.). Es lo que están haciendo los jueces, aplicar la ley en su literalidad, como se la han dado para ejecutarla, según indica Emilia Zaballos. “No se pueden endurecer las condenas con efectos retroactivos ya que lo prohíbe expresamente la Constitución, pero siempre que una ley cambie, y establezca algunas penas menores, los beneficios para el reo sí se deben aplicar. A posteriori, una condena nunca puede aumentar, pero sí se pueden rebajar, si la nueva ley establece para esos mismos hechos una pena inferior” explica Zaballos. “Esto nos lleva a darnos cuenta que esta ley no va a ser fácil de solucionar pues, aunque se dictase una nueva ley para incrementar las penas, solo se podría aplicar la reforma a quienes hubieren cometido un delito a partir de la nueva entrada en vigor de la nueva norma. A aquellos que actualmente están pendientes de enjuiciamiento o cumpliendo sus condenas se les debe aplicar la ley más favorable”.

“Es necesaria la independencia de los poderes judicial, el ejecutivo y el legislativo para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Cuando el poder ejecutivo invade el poder legislativo y se pone a legislar, su objetivo no es otro que conseguir votos y apoyos políticos, y en realidad no hay un trasfondo verdadero de preocupación por las víctimas y se cometen imprudencias o negligencias, la cuales podrían suponer el derivar la responsabilidad frente a los políticos que, como empleados y funcionarios que pagamos entre todos, han antepuesto otros intereses, como son los votos, el interés político y el resultado de las urnas, frente a lo que estaban promulgando y aparentemente protegiendo y defendiendo. Por ello es necesaria la labor de esta recién creada asociación”, concluye Zaballos.

Acerca de la Fundación Zaballos

La Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales se propone promover, participar, estimular e intervenir en todo tipo de iniciativas de carácter social en materia jurídica para que se asegure a los ciudadanos el goce de los derechos que la Constitución promete, con el fin de potenciar y desarrollar una sociedad más justa.  La Fundación Zaballos fomenta programas para actuar desde los ámbitos de la educación, la justicia, la sociedad, la política y la cultura, que defiendan y apliquen los Derechos Humanos, en defensa de las víctimas y su derecho a la verdad.

La Fundación Zaballos, además, se propone difundir, defender e impulsar los principios de Jurisdicción Universal y Justicia lnternacional mediante una labor de promoción permanente, con el fin desarrollar los mecanismos para combatir la impunidad, a nivel nacional e internacional, así como iniciar, desarrollar e impulsar las causas judiciales que suponen la aplicación práctica de estos principios en cualquier parte del mundo.

Por último, la Fundación Zaballos tiene como objetivo promover   el   conocimiento   mutuo   y   la   colaboración   activa   con   instituciones, organismos y organizaciones en las esferas que afectan a los Derechos Humanos y la seguridad jurídica.

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