La Recomendación incide en la necesidad de exigir a los Estados miembros que garanticen en sus respectivos ámbitos procedimientos de reconocimiento de la representatividad tanto sindical como empresarial abiertos y transparentes, algo de lo que adolece España en el caso de la representatividad empresarial como viene denunciando CONPYMES reiteradamente. De hecho, como señala el texto aprobado, “tanto el reconocimiento mutuo de los interlocutores sociales como el reconocimiento legal de los sindicatos y las organizaciones patronales por parte de las autoridades de cada Estado miembro son fundamentales para el éxito del marco de negociación colectiva, siempre que los empleadores y los trabajadores puedan elegir libremente qué organización u organizaciones los representarán”.

En este sentido, la Comisión Europea se compromete a hacer un seguimiento, en colaboración con los agentes sociales nacionales y europeos, del cumplimiento de esta Recomendación, en la que también se remarca que “en algunos Estados miembros, ese reconocimiento se limita a aquellas organizaciones que cumplen criterios específicos de representatividad. Dichos criterios deben ser objetivos y proporcionados y deben establecerse en consulta con los interlocutores sociales. Deben evaluarse en un proceso de aprobación abierto y transparente y que no obstaculice el pleno desarrollo de la negociación colectiva. En ausencia de representación sindical en la empresa, los convenios colectivos pueden ser negociados y celebrados por los representantes de los trabajadores libremente elegidos y autorizados de conformidad con el Derecho o las prácticas nacionales”.

El presidente de la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), José María Torres, ha celebrado la aprobación de esta propuesta de recomendación y ha señalado que “esperamos que acabe pronto la anomalía democrática que existe en España, donde las pymes españolas no forman parte hasta ahora del diálogo social”.

Cabe recordar que CONPYMES, que representa a más de 2 millones de pymes y autónomos, ya hizo su petición hace 2 años al Ministerio de Trabajo para formar parte del diálogo social, siendo denegada con el argumento de que no existía en España normativa ni instrumentos para contar la representación empresarial y reconociendo que se hacía por presunción hace más de 40 años. Ante esta respuesta inadmisible en un Estado de Derecho, en abril de 2022 CONPYMES se vio obligada a recurrirlo judicialmente  ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid , y que se encuentra sólo a falta de que sea dictada la correspondiente sentencia. Asimismo en febrero de 2023 CONPYMES recurrió en vía contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo la asignación ” a dedo” de subvenciones de fondos europeos por valor de 30.625.000 euros que realiza el Gobierno de España de la que se han beneficiado CEOE y CEPYME, junto al sindicato UGT, sin que se haya tenido en cuenta al resto de organizaciones empresariales por concurrencia competitiva.

Por otro lado, el presidente de CONPYMES ha remarcado que “si hablamos del diálogo social como pilar fundamental de la democracia, no podemos permitir que sea un coto privado de unos pocos en el que no se permite la entrada a otros interlocutores sociales, que representan a las pymes con voz propia e independiente y que en algunos casos es una consecuencia directa de la voluntad de las élites económicas, monopolios y oligopolios, de imponer sus criterios al resto. En Europa, las grandes empresas están representadas por la organización BusinessEurope, diferenciada totalmente de la organización representativa de las pymes, en este caso SMEunited. En cambio, en España a diferencia de la práctica totalidad de los demás países europeos, las pymes no están representadas de manera independiente en el dialogo social”, ha lamentado.

Finalmente, Torres ha denunciado que “en España existe una gran anomalía en los mecanismos de concertación, pues una sola organización, CEOE, en el seno del dialogo social con el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, representa en exclusiva los intereses de todos los empresarios españoles, ya sean grandes o pequeños, pese a que en la mayoría de las ocasiones sus propuestas únicamente defienden los intereses de la gran empresa. Este monopolio respecto a la representatividad, que se produce cuando se instaura la democracia en España en los años 70, provoca que las pymes y autónomos no estemos incluidos en la representación institucional, la concertación y el dialogo social”, ha sentenciado añadiendo que “esto no es óptimo para ningún mercado de trabajo y debería resolverse de forma inmediata”.